Por Ana María Morales Chacón*
El próximo 27 y 28 de julio tendrá lugar en Cartagena, Colombia, la Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa. Esta Cumbre fue anunciada por el entonces ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, durante el Foro Económico Mundial en Davos realizado el pasado mes de enero, y se enmarca en una serie de discusiones globales sobre la pertinencia de crear una nueva estructura de tributación internacional que haga frente a los nuevos retos de una economía cada vez más globalizada y digitalizada. Ante esta iniciativa regional, es importante realizar algunas reflexiones sobre su pertinencia, su alcance y la imperiosa necesidad de un mayor involucramiento del Gobierno de México en ésta.
La propuesta del Gobierno colombiano surge en un momento en el cual el sistema fiscal internacional ha sido cuestionado por su ineficiencia en el combate a los flujos financieros ilícitos y la evasión y elusión fiscal. Este escenario se ha caracterizado por una alta digitalización de la economía, el traslado de beneficios de empresas multinacionales desde el país de residencia hacia paraísos fiscales y la consecuente competencia entre las leyes tributarias de cada país por reducir sus tasas de impuestos corporativos y a las ganancias de capital. Como consecuencia de estos fenómenos, han surgido diversas propuestas para readecuar el marco tributario con el fin de captar los recursos fiscales que han encontrado, por varios años, los portillos necesarios para eludir sus obligaciones fiscales.
Entre estas propuestas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha impulsado desde el 2013 la iniciativa “erosión de la base imponible y traslado de beneficios” (BEPS, por sus siglas en inglés). Además, a partir de 2021, esta organización aprobó un acuerdo fiscal, basado en dos pilares estratégicos, con el objetivo de frenar algunas de las deficiencias del sistema tributario internacional. Dicho acuerdo fue respaldado por 138 países, lo que permitió tratarlo dentro de una negociación “de marco inclusivo” que dotaba a países de bajos ingresos la posibilidad de participar.
Por muchos años, la iniciativa BEPS y el acuerdo basado en el Pilar 1 y el Pilar 2, fueron las contribuciones de cooperación internacional más conocidas a nivel mundial y con mayor impacto. No obstante, al ser la OCDE un órgano intergubernamental integrado por las principales economías del mundo y en donde éstas tienen un mayor poder de negociación, los resultados prácticos de sus normas impulsadas han beneficiado principalmente a los países ricos.
Ejemplo de ello, es el beneficio que reciben las economías ricas por medio del Pilar 1 del acuerdo. Este Pilar provee derechos de tributación a los países donde operan empresas multinacionales que proveen servicios digitales (que facturen anualmente más de 20 mil millones de euros) y, por lo tanto, reciben ingresos por sus productos o servicios vendidos. Sin embargo, en la práctica, la exclusión en el acuerdo a los sectores vinculados a las finanzas y la industria extractiva, y el hecho de que son muy pocas las empresas que logran superar el umbral de ganancias establecido, han limitado los ingresos posibles de captar por parte de las economías de bajos ingresos. Mientras tanto, muchas de las empresas multinacionales, que habitualmente tienen su casa matriz en países ricos, gozan de beneficios al no estar tasadas.
Por su parte, el Pilar 2, que establece un impuesto mínimo mundial del 15 por ciento a las empresas multinacionales, también ha sido duramente criticado por considerar baja e insuficiente la tasa propuesta, ya que la tasa promedio de este impuesto en la mayor parte del mundo supera ese 15 por ciento. Esto implicaría nuevamente, que los ingresos esperados adicionales para los países de bajos ingresos serían mínimos.
Estas limitaciones en la propuesta de la OCDE han alertado a diversos bloques de países en desarrollo, los cuales recientemente han debatido y negociado acuerdos tributarios internacionales alternativos. Una propuesta altamente relevante ha sido la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, inicialmente planteada por un grupo de países africanos. Esta resolución reconoció la importancia de fortalecer la cooperación internacional e invitó a todos los países miembros a iniciar negociaciones y debates con el objetivo de crear una nueva Convención fiscal de las Naciones Unidas. Es decir, la resolución se ha convertido en una oportunidad para los países de bajos ingresos, y no únicamente los países ricos, de debatir, negociar y compartir los puntos de vista y problemáticas propias.
En ese sentido, la Cumbre de Cartagena en julio próximo constituye un momento clave para los países de América Latina. El proceso iniciado en la ONU ha abierto las puertas para acuerdos tributarios más equitativos y ante este escenario, la región no debe perder la oportunidad de debatir y acordar una postura unificada adecuada a los intereses de la región y que le permita tener mayor poder de negociación en una futura Convención fiscal. Esta ha sido, precisamente, la intención del Gobierno colombiano, quien ha llamado a abordar los desafíos comunes de la región en términos de tributación internacional y a establecer un foro permanente que promueva la discusión, análisis y construcción de posiciones comunes entre nuestros países.
Esta discusión tributaria regional ha contado ya con el apoyo decidido del Gobierno de Brasil y Chile, así como, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en calidad de Secretaría Técnica de la Cumbre. Es claro que, América Latina no puede ignorar más los grandes desafíos regionales que implican las nuevas configuraciones de la economía global y los problemas de evasión y elusión fiscal comunes a todos los países. Es necesario hablar, discutir y acordar posturas con respecto a diversas medidas que puedan ayudar a frenar la competencia a la baja en los impuestos corporativos, la falta de registros de activos y beneficiaros finales del proceso productivo, los insuficientes ingresos esperados del acuerdo de la OCDE sobre las multinacionales y las corporaciones de la economía digital, entre otros desafíos.
Desafortunadamente, ante esta ola de propuestas de cooperación internacional, México sigue sin estar a la altura de las circunstancias. No se ha confirmado la participación del Gobierno en la Cumbre de Cartagena y tampoco se han brindado declaraciones desde altos mandos de la administración sobre la importancia del proceso regional impulsado por Colombia. Es imprescindible que la narrativa y acciones del Gobierno en la materia giren hacia una mayor comprensión de la relevancia del proceso regional.
* Ana María es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
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1. https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2021/11/State_of_Tax_Justice_Report_2021_SPANISH.pdf
2. https://www.icrict.com/an-emergency-tax-plan-to-confront-the-inflation-crisis
3. N2269793.pdf (un.org)
4. https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/TributacionIncluyente/pages_TributacionIncluyente
